Nota de Prensa 26 de mayo de 2006

La Asamblea Ecologista de la Palma estudia emprender acciones judiciales contra el PTE(Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad turística de la Palma) y solicita un nuevo proceso de Información Pública.

La Asamblea Ecologista de la Palma estudia emprender acciones judiciales contra el PTE (Plan Territorial Especial de Ordenación de la actividad turística de la Palma) aprobado provisionalmente por el pleno del Cabildo el día 13 de mayo de 2005, demandando al Gobierno de Canarias y a sus Servicios Técnicos que denuncien las graves irregularidades cometidas durante la tramitación y contenidas en el documento, para no convertirse en cómplices de este desafortunado proyecto.

Este colectivo ciudadano, preocupado porque el desarrollo de la Isla sea realmente social y ambientalmente sostenible, denuncia el cambio de modelo que se observa entre el documento Aprobado Inicialmente y el de la Aprobación Provisional, con un claro posicionamiento final del Cabildo de La Palma en un modelo de turismo convencional, que restringe la oferta de plazas turísticas de libre concurrencia, lesionando gravemente derechos fundamentales de los ciudadanos y limitando el acceso del capital local al desarrollo turístico planificado.

Lo anteriormente apuntado, además de reconocerse en la propia Memoria del PTE, se evidencia en la creación de 12 nuevos núcleos de turismo convencional, que triplican los inicialmente previstos y dejan fuera del reparto de los beneficios de compensación asociados a la implantación turística en el espacio rústico a un total de 1.683 hectáreas (16.827.150 m2) de toda la isla.

En el documento Aprobado Inicialmente la carga total asociada a núcleos convencionales representaba un 44% del total de nuevas plazas programadas (11.306 plazas). Con Las modificaciones introducidas en la Aprobación Provisional del PTE esta cifra se eleva hasta el 70% (17.850 plazas), en clara contradicción con las declaraciones hechas por el Presidente del Cabildo en el Parlamento de Canarias (Sesión nº9 de 03-07-01) donde, en defensa de la Ley 6/2002, de 12 de junio, decía que el Turismo Convencional insular estaría “limitado en las pequeñas áreas existentes” posibilitando “que estas dos áreas turísticas completen su estructura con el desarrollo preciso”.

Desde este colectivo, aun estando en contra del conjunto de las actuaciones citadas, entre otras cuestiones, por su desmesura y por la arbitrariedad medioambiental y social que las ampara, entendemos que lo expuesto pone de manifiesto una vez más la fraudulenta intención del PTE y de quienes con conocimiento y premeditación lo apoyan y, sobre todo, deja al descubierto que el verdadero modelo turístico por el que se apuesta desde la clase política y empresarial, sustentado en un falso cientifismo, no es otro que el de toda la vida: El manido y fracasado Modelo de Turismo Convencional.

Otros aspectos desafortunadamente destacables de este Plan son el incremento en número y cantidad de camas turísticas de las actuaciones privilegiadas por el PTE en el espacio rústico-natural, (campos de golf y actuaciones especiales), así como la insistencia en la invasión de Espacios Naturales Protegidos y, en general, la ausencia de justificación de la ordenación establecida en los términos previstos en las Directrices Turísticas (Dt-25), que ahora deberá ser complementada con lo exigido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Los cambios apuntados, producidos durante el proceso de tramitación, debido a sus repercusiones sobre el modelo de desarrollo turístico a implantar en la isla, constituyen sin duda alguna modificaciones sustanciales del plan que en ningún caso pueden considerarse de carácter parcial, exigiendo, de conformidad con el Reglamento del Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 junio), un nuevo proceso de información pública del documento aprobado provisionalmente por el cabildo el día 13 de mayo de 2005, que permita la participación ciudadana antes de la remisión del PTE al Gobierno de Canarias y previo al Informe de la COTMAC.

En claro contraste con lo sucedido en la tramitación de este Plan de gran relevancia insular, cabe recordarle a los responsables del proceso que el artículo 8 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, exige que “en la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, la administración actuante deberá fomentar y, en todo caso, asegurar la participación de los ciudadanos... que tienen derecho a la “formulación de alegaciones en el período de información pública al que preceptivamente deban ser aquellos sometidos, así como a exigir el cumplimiento de la legalidad, mediante el ejercicio de la acción pública ante los órganos administrativos y judiciales”.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que el PTE, además de incurrir en la más flagrante ilegalidad, que atenta contra el Texto Refundido de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales, las Directrices del Turismo y contra los propósitos de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, es un despropósito que atenta directamente contra el conjunto de la sociedad palmera, a la que desde aquí invitamos a participar exigiendo al Cabildo que cumpla con sus obligaciones legales y abra vías efectivas de participación, que en todo caso pasan por un nuevo proceso de Información Pública.